lunes, 29 de octubre de 2012

De nuevo la violencia asociada a la propiedad de la tierra en Latinoamérica: ahora Panamá.

Todavía reciente el conflicto surgido en Paraguay, que dio lugar incluso a un cambio de gobierno, se producen de nuevo graves incidentes asociados a la propiedad de la tierra en América Latina, en este caso en Panamá.

Tras varios días de huelga y movilización en las calles, que dejaron tres muertos y graves perdidas económicas, el Parlamento panameño aprobó derogar la ley de ventas de tierras en la Zona Libre de Colón, que permitía su privatización. Esta Ley, conocida como Ley 72/2012, buscaba sanear la propiedad de un número importante de propiedades en una zona que constituye el corazón económico de Panamá, en un intento de introducir transparencia y seguridad jurídica, para facilitar con ello un mayor y mejor desarrollo de las inversiones en la  zona procedentes de capital panameño e internacional.
El diputado oficialista Hernán Delgado, de Cambio Democrático (CD), tras señalar que la norma se creó con el propósito de "solucionar los problemas sociales de Colón", reconoció que quienes tenían la responsabilidad de promover la ley "no la han sabido vender". Es decir, un nuevo caso de inadecuación entre los proyectos que loablemente buscan la reforma y mejora del sistema de la propiedad inmobiliaria,  y la imprescindible comunicación pública que necesariamente ha de acompañar este tipo de medidas, ignorando que ambas acciones han de tener la misma atención por parte de los responsables de la iniciativa, como tantas veces hemos explicado en diversos foros y seminarios sobre estrategias para implantación de este tipo de proyectos.
Como consecuencia, los valores positivos del proyecto se pierden y queda el populismo y la demagogia que han paralizado tantas y tantas reformas en América Latina: no es de extrañar que desde la oposición el mensaje lanzado señalase que "había un interés (del Gobierno) de vender las tierras para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres".

El resultado final es terrible: muertos, daños considerables y un retroceso a normas de 1.948, además de un considerable golpe a los importantes trabajos de saneamiento de la propiedad inmobiliaria que está intentando llevar a cabo la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI), que lidera un importante proyecto de alcance internacional. Sin duda los responsables de esta institución deben adoptar importantes medidas en el ámbito de sus políticas de comunicación pública, si es que realmente quieren seguir adelante con las importantes e imprescindibles políticas de saneamiento de la propiedad inmobiliaria que Panamá necesita.

Puedes encontrar algunas noticias sobre el conflicto en los siguientes enlaces:


 

viernes, 26 de octubre de 2012

Interesante mesa redonda sobe coordinación Catastro, Registro de la Propiedad, Notarios y Topógrafos en TOP CART 2012.


En el ámbito de las actividades que han tenido lugar en la X edición del TOPCART, que se desarrolló entre el 16 y el 19 de noviembre en Madrid, tuvo lugar el miércoles 17 una interesante mesa redonda sobre coordinación entre Catastro, Registro de la Propiedad y Notariado, y sobre el papel que los profesionales de la Topografía deben desempeñar dentro de dicho modelo.

Por parte de los Registradores de la Propiedad intervino Joaquín Delgado, César Belda representó a los notarios, Fernando Aragón a la Dirección General del Catastro, y Pedro Ortiz y Miguel Ángel Castilla al Colegio Nacional de Ingenieros Técnicos en Topografía. Además formó parte de la mesa Jesús Miranda Hita, en su condición de ex Director General del Catastro y experto en el objeto del debate.

La larga duración del debate,  la abundancia de temas tratados, y el peso de algunas de las manifestaciones realizadas en la mesa hace difícil realizar un resumen eficaz en estas pocas líneas, pero no me resisto a  incluir algunos comentarios de mi propia cosecha:

-Hay coincidencia plena en admitir que no existe en España un problema crítico con la propiedad inmobiliaria, ni alarma social o preocupación pública que impida o limite el desarrollo de cualquier actividad pública o privada por esta circunstancia. No obstante lo anterior, también existe coincidencia en que el modelo puede y debe ser mejorado

-Existe igualmente una absoluta necesidad de “desbrozar” y separar los distintos elementos que componen la cuestión como trabajo previo imprescindible a la presentación de cualquier propuesta de solución:

-Debe distinguirse entre cuestiones de alcance institucional, de aquellas otras de contenido estrictamente jurídico, así como de las asociadas a las metodologías y técnicas topográficas.

-Debe profundizarse en el análisis de las legislaciones catastral, notarial y registral, muchas veces contradictorias, anticuadas e inadecuadas para resolver el problema.

-Asimismo, deben revisarse en profundidad los procedimientos aplicados en los distintos entornos que integran el conflicto, asumiendo que el problema no es una cuestión de tecnología- existen múltiples respuestas posibles y contrastadas para abordar la solución desde el punto de vista tecnológico- sino de acuerdos institucionales.

-Todas las partes deberían ser conscientes del entorno económico y social en el que nos encontramos, sumamente propicio para poner en marcha reformas estructurales como las que requiere la solución del problema. Es evidente que estas reformas pasan previamente por el acuerdo, por lo que debería trabajarse activamente en él, creando los foros políticos y técnicos adecuados (grupos de trabajo, “libro blanco”, etc.). En todo caso, y esta es mi opinión personal, no será posible el acuerdo si no se reconocen por todas las partes los tres elementos básicos para que llegue a buen fin cualquier negociación: reconocer el conflicto, reconocer la existencia de las otras partes interesadas al máximo nivel en la solución, y finalmente, proponer alternativas que busquen mejorar la posición de todos, y no imponer una solución sobre un modelo ganadores/perdedores, que ha demostrado históricamente que no llegará a ninguna parte.
 

jueves, 18 de octubre de 2012

Cambio en la Dirección General del Catastro de España.


El Consejo de Ministros del pasado 11 de octubre nombró nueva Directora General del Catastro a Belén Navarro Heras.
Nacida en 1968 en Bilbao, es Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF, y en Derecho por la UNED, y pertenece a los Cuerpos de Inspectores de Seguros del Estado y de Hacienda del Estado.
Especializada en Tributación Autonómica y Local, en el Ministerio de Hacienda fue subdirectora general adjunta de Tributos Locales, jefa de la Asesoría Tributaria del Secretario General de Política Fiscal, Territorial y Comunitaria, y vocal asesora del Secretario General de Hacienda. En 2004 fue nombrada vocal del Tribunal Económico-Administrativo Municipal del Ayuntamiento de Madrid, organismo cuya Presidencia desempeñaba actualmente.

martes, 9 de octubre de 2012

Por qué la República Dominicana necesita urgentemente un buen catastro.


Es un hecho conocido que son muchas las naciones latinoamericanas en las que sería necesario que las autoridades responsables de las inversiones públicas dedicasen medios suficientes para darle un fuerte impulso a sus catastros, mejorando tanto la calidad de la propia información catastral, como los recursos y los procedimientos que utilizan las administraciones catastrales. Sin embargo, en algún caso en concreto, está necesidad se convierte en una auténtica urgencia.

Este es el caso actual de la República Dominicana. El nuevo gobierno que acaba de iniciar su mandato ha realizado una apuesta fuerte por la modernización del país. Para ello se guía por un modelo estratégico denominado Estrategia Nacional de Desarrollo, donde se describen con precisión las líneas maestra en las que apoyarán los gobiernos dominicanos para impulsar el crecimiento económico y social del país.

Analizada en detalle la Estrategia Nacional de Desarrollo se identifican hasta 31 líneas básicas de desarrollo en numerosos ámbitos de actividad (tributos, ecología, economía, modernización, servicios, seguridad, etc.), cuya eficacia se vería claramente reforzada si estas iniciativas se apoyasen en una buena información catastral.

Pero existen dos iniciativas por las que el nuevo gobierno ha apostado muy fuertemente en estos días, y para las cuales un catastro no sólo sería conveniente, sino que es absolutamente necesario: nos referimos a la reforma tributaria y a la estrategia nacional para la titulación masiva de inmuebles.

No cabe definir una reforma tributaria real en la República Dominicana, sin poner sobre la mesa la tributación inmobiliaria.  Salvo El Salvador y Cuba, donde no existe el impuesto predial, no hay un país en Latinoamérica que tenga un nivel tan bajo de ingresos derivados de la tributación de los inmuebles, en relación con el Producto Bruto Interior. El impuesto a las viviendas suntuarias no cubre estos déficits, ni resuelve las necesidades de ingresos por vía de los impuestos propios de los municipios dominicanos. No me cabe ninguna duda de que es imprescindible en el momento actual crear un buen impuesto predial para la República Dominicana, sobre todo atendiendo a la situación creciente del potente mercado inmobiliario del país. Y para eso se necesita urgentemente un buen catastro.

Por lo que respecta al proyecto de titulación masiva de inmuebles, la urgencia y la necesidad de disponer de un buen catastro es igualmente evidente. ¿Cómo se va a otorgar un título de propiedad sobre un territorio del que no conocemos su superficie y linderos?. Todos los proyectos de titulación masiva que se han desarrollado con éxito se han basado en trabajos catastrales previos, que delimitan una a una las características de las parcelas que van a ser tituladas. Sin conocer el objeto del derecho (la parcela), es muy difícil construir con calidad el título que otorga el propio derecho. Por tanto, deberían las autoridades de la República Dominicana apoyarse en el Catastro para garantizar el éxito de un proyecto de tanta importancia y tan gran repercusión social.