Margaret Thatcher, la “poll tax” y el “catastrazo”.

El reciente fallecimiento de Margaret Thatcher nos obliga a recordar un singular “efecto contagio” que se produjo en España como consecuencia, entre otras muchas razones, de la llamada “poll tax” que intentó aplicar en los últimos meses de 1990 la primera ministra británica en su país.

La “poll tax” fue un nuevo tributo local con el que se pretendía obligar a contribuir a los ciudadanos por igual, independientemente de su capacidad económica. Era un tributo “por cabeza”, es decir, una herramienta más que arcaica, vista desde la óptica de la técnica tributaria,  que imponía una carga económica igual “al Lord y a su chófer”, como señaló gráficamente un periódico de la época.

Como no podía ser de otra forma el empeño personal de Margaret Thatcher, basado en su mera autoridad y en una más que equivocada evaluación de sus fuerzas,  fue contestado masivamente e incluso con violencia en las calles y aun así la primera ministra no pestañeo en su pretensión de implantarlo. Tan impopular se convirtió este intento fiscal que las élites del partido conservador, viendo peligrar su hegemonía y larga estancia en el gobierno, consideraron oportuno la sustitución inmediata de Margaret Thatcher por John Major, y la revisión del nuevo impuesto.  Con ello se puso fin a su carrera política.

La singularidad es que esta iniciativa coincidió en España con el frustrado intento de implantan una actualización masiva de la mayor parte de los inmuebles del país, situando el valor catastral al 70% del valor teórico de mercado de los inmuebles, provocando igualmente una gran contestación social, fruto de la cual nació el ya popular término de “catastrazo”.

Para todos aquellos que conocimos lo que había detrás de estas iniciativas tributarias fue evidente que la equiparación que se hizo entonces de ambas reformas en los círculos políticos y en la prensa fue, además de un grave error técnico,  un mero argumento para dañar al gobierno socialista que entonces presidía Felipe González.  Ambas medidas fueron diseñadas  y definidas técnicamente de una forma absolutamente distinta. Frente a la torpeza tributaria de la “poll tax”, propia de un estado medieval, en el caso del “catastrazo” se desarrolló un trabajo de un gran valor técnico y una elevada precisión, que permitió definir un nuevo valor catastral individual para cada inmueble atendiendo a su valor teórico de mercado,  distinguiéndose por tanto de igual forma entre la capacidad económica de sus propietarios, en este caso establecida a partir del valor económico de su patrimonio inmobiliario.  No obstante, una más que criticable gestión política del proyecto, y una falta total de alianzas dentro del propio gobierno socialista, determinaron también su inaplicación.

Muchos de los que participamos en ese proceso identificamos en el esfuerzo tecnológico y profesional desarrollado entonces  las raíces del actual modelo catastral español, sin duda una referencia mundial  por su arquitectura y utilidad social.

En lo que si se parecieron ambas iniciativas fue en la respuesta social que generaron.  Tanto en el Reino Unido como en España surgió un clima totalmente contrario, muy bien identificado en la prensa del momento. Si en las islas británicas supuso el principio del fin de Margaret Thatcher, en España abrió el camino para la salida del Gobierno del entonces Ministro de Hacienda, Carlos Solchaga. Enfrentado desde tiempo atrás con el Vicepresidente Alfonso Guerra, este último utiliza la respuesta social surgida contra el “catastrazo” para dar el “golpe de gracia” a Solchaga, alejándolo definitivamente de la confianza de Felipe Gonzalez, y como consecuencia de ello, del propio gobierno.

En la viñeta publicada por los dibujantes Gallego & Rey el día 28 de noviembre de 1990 en el Diario 16, que incorporamos a este comentario, se resume de forma magistral todo lo que acabamos de comentar. Mientras que en el Reino Unido una nerviosa Margaret Thatcher se “suicida” políticamente con la implantación de la “poll tax”, en España Felipe González desvía hábilmente la presión social que generó el proceso “disparando” sobre su Ministro de Hacienda, que queda así definitivamente “quemado”  en su papel dentro del Gobierno.

Se trata de un pequeño trozo de historia que nos ha de servir para reflexionar sobre cómo ha de implantarse una reforma tributaria, y cuáles son las consecuencias de una mala gestión política y técnica de este tipo de reformas. En España se aprendió bien la lección y se emprendieron importantes reformas legales y técnicas para evitar nuevos “catastrazos”, con muy buenos resultados, como se demostró en posteriores iniciativas implantadas con notable éxito.