miércoles, 21 de febrero de 2018

El Catastro y su función de apoyo en la lucha contra las actividades delictivas.

El pasado 21 de diciembre tuvo lugar la firma en España de un Protocolo de Colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y el Ministerio de Justicia, que constituye un ejemplo claro de cómo la información catastral sirve también de herramienta decisiva para luchar contra las actividades delictivas. 

Otro caso más de este modelo de Catastro multipropósito, o multifinalitario, al que nos hemos referido en distintas ocasiones.

Este acuerdo permitirá la agilización del intercambio de información referente a inmuebles registrados en el Catastro que han sido intervenidos, embargados o decomisados, al proceder de actividades delictivas, cuando así se solicita desde el Poder Judicial o el Ministerio Fiscal.

Por parte  del Ministerio de Justicia esta tarea está encomendada a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), creada a finales de 2015, que también recibirá asistencia técnica y asesoramiento del Catastro para la estimación del valor de mercado de los bienes inmuebles sobre los que esta Oficina deba intervenir. Finalmente, las labores de asesoramiento se extienden también a la resolución de divergencias que pueden surgir entre la información contenida en el Registro de la Propiedad y la que se incluye en el Catastro.



La importancia de esta colaboración con el Catastro se plantea como decisiva en aras a conseguir el estrangulamiento financiero y mejorar la lucha contra la criminalidad organizada, que mueve importantes beneficios económicos,- en muchos casos materializados en la adquisición  de inmuebles-, así como la reversión de las ganancias ilícitamente obtenidas en proyectos de ayuda a las víctimas.

En este sentido, este compromiso trasciende el ámbito español y da respuesta a la creciente necesidad de trabajar coordinadamente en el ámbito internacional, cumpliendo así con los requerimientos que define la propia Unión Europea, fundamentalmente a través de la Directiva 2014/42/UE, de 3 de abril, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea. Esta necesidad de coordinación se plantea también en el entorno de las relaciones entre los distintos países de la comunidad iberoamericana.

Para entender con más claridad el alcance de estas iniciativas, puedes ver el contenido de la Plataforma ARO (Asset Recovery Office Platform) de la Unión Europea, destinada a la recuperación de activos procedentes de actividades criminales, en el siguiente enlace:

y la Red iberoamericana de recuperación de activos en este: https://apps.icd.go.cr/rrag/Autenticacion.aspx

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